Vecinos de Concepción del Uruguay se presentarán ante la Justicia para conocer avances del robo millonario

Vecinos de la ciudad de Concepción del Uruguay están tomando medidas legales para obtener información sobre el caso del robo de 25 millones de pesos que afectó al municipio. Hasta el momento, no se han revelado novedades oficiales sobre este delito, el cual causó un grave perjuicio al erario público.

Recientemente, se supo que el municipio solicitó a la Justicia ser reconocido como actor civil en el caso, pero su solicitud para ser querellante particular fue rechazada. A pesar de esto, sigue sin conocerse quiénes fueron los responsables de este robo, cómo se llevó a cabo y qué sucedió con el dinero. La Fiscalía, a cargo de la doctora Gabriela Seró, continúa a la espera de los resultados de la prueba informática.

En busca de respuestas, más de 50 vecinos se han unido y serán representados por el abogado Ernesto Figún, quien planea presentar una solicitud ante el juez encargado una vez finalizada la Feria Judicial.

«Queremos que nuestro reclamo sea presentado ante el juez natural del caso, no durante la Feria Judicial. Somos un grupo de vecinos que desea dejar en claro que no tenemos ningún interés político, especialmente en estos tiempos. Entre 50 y 60 vecinos, preocupados por el erario público financiado por nuestros impuestos, seremos representados por mí. Planeamos presentarnos como AMICUS CURIAE, una figura jurídica que no está contemplada en nuestro Código Procesal, pero que existe en legislaciones de otras provincias y a nivel nacional. Esta figura permite que personas ajenas al proceso aporten y recopilen información relevante debido a su interés en el caso», señaló Figún.

El abogado también expresó que todos los terceros involucrados, es decir, los ciudadanos de Concepción del Uruguay que han pagado sus impuestos y se sienten perjudicados por esta millonaria falta de fondos, desean conocer qué sucedió con los 25 millones y creen que existen responsabilidades tanto por acción como por omisión, y que los funcionarios no pueden eludir su responsabilidad más allá de realizar una denuncia.

«Considero que el Departamento Informático del Municipio debería haber protegido las cuentas públicas para evitar lo ocurrido. Sin embargo, dado el hermetismo de todas las partes involucradas, queremos saber qué está sucediendo con nuestros impuestos», resaltó el letrado.

Además, el abogado reconoció que la figura del AMICUS CURIAE no está contemplada en el Código Procesal Penal, pero espera que se apruebe su implementación. Según argumentó, el Artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional establece que la Nación Argentina debe sujetarse a todos los Pactos Internacionales, y el Artículo 44 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos establece que cualquier persona agraviada puede presentarse ante los tribunales. Eso es precisamente lo que planean hacer. Quieren conocer el estado del proceso, qué sucedió con el dinero y quiénes podrían ser los responsables del delito, dejando en claro que no tienen motivaciones políticas y que han designado a Figún como su representante.

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