El Frente de Todos presentó un proyecto para regular los alquileres temporales

En el contexto de la reforma de la Ley de Alquileres en Argentina, legisladores pertenecientes al partido oficialista Frente de Todos (FdT) han presentado una iniciativa destinada a regular la actividad de alquileres temporarios a través de plataformas digitales. La propuesta busca imponer nuevas obligaciones a estas plataformas con el objetivo de brindar mayor transparencia y control en el sector.

Uno de los aspectos centrales del proyecto es la obligación de las plataformas digitales de alquiler temporario de publicar los anuncios de las ofertas en moneda local, es decir, en pesos argentinos. Esta medida busca evitar confusiones y brindar claridad a los usuarios sobre los costos reales de los alquileres temporarios.

Además, el proyecto establece un límite de hasta tres meses para la duración de los contratos de alquiler temporario. Esta disposición tiene como objetivo definir claramente la naturaleza temporal de este tipo de alquileres, que están destinados principalmente a fines turísticos, de descanso u otros propósitos similares.

En relación a las plataformas digitales que operan en este sector, la iniciativa propone que estas plataformas deben contar con un campo específico en su interfaz digital donde los propietarios o administradores de las propiedades informen el número de registro o licencia correspondiente en las jurisdicciones que lo requieran. Esto asegurará que las propiedades ofrecidas cumplan con los requisitos legales necesarios para su alquiler temporario.

El proyecto también establece la obligación de las plataformas de retirar las ofertas que no cumplan con las obligaciones legales establecidas para los anfitriones, de acuerdo con las normativas locales. Esto tiene como objetivo garantizar la calidad y el cumplimiento de las ofertas publicadas en estas plataformas.

En línea con la intención de brindar transparencia y recopilar datos relevantes, el proyecto propone que las plataformas envíen información anonimizada y desagregada al organismo de jurisdicción nacional encargado de la actividad turística. Esta información se utilizaría con fines estadísticos y para la mejora de las decisiones de política pública.

En términos de derechos y responsabilidades, el proyecto establece que los huéspedes que utilicen estos servicios estarán protegidos por la Ley Nacional de Defensa del Consumidor. Además, se espera que los huéspedes respeten las normas de convivencia y higiene, así como los reglamentos de copropiedad en caso de que apliquen.

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