Prisión preventiva para los estafadores de una anciana

Dos individuos han sido enviados a prisión preventiva tras estafar y despojar a una mujer de 87 años en Concepción del Uruguay. Los perpetradores, identificados como Samuel Miguel, de 20 años, originario de Villaguay, y Alfredo Castillo, de 32 años, residente de Moreno (Buenos Aires), fueron aprehendidos luego de una audiencia llevada a cabo en la OGA el día de ayer.

El delito, que involucró el engaño conocido como el «Cuento del Tío», ocurrió el pasado 15 de agosto. Los estafadores llamaron a la víctima, haciéndose pasar por un familiar y la convencieron de entregar sus ahorros para un cambio de moneda. Posteriormente, se presentaron en el domicilio de la anciana con un pretexto bancario, donde Miguel recogió el dinero antes de huir en un Peugeot 207 negro, mientras Castillo lo esperaba en el vehículo.

El rastro de evidencia, incluyendo grabaciones de cámaras de seguridad céntricas y en puntos de acceso a la ciudad, llevó a las autoridades a seguir la pista del auto robado. Intentaron deshacerse del vehículo en un taller en San Marcial, pero su comportamiento levantó sospechas y el mecánico se convirtió en un testigo clave.

La Fiscal María José Labalta presentó pruebas que vinculaban a los acusados con la estafa. Dada la gravedad del crimen, la avanzada edad de la víctima y el riesgo de fuga, la Fiscalía solicitó y obtuvo una orden de prisión preventiva por 90 días para ambos individuos. Los cargos presentados son «Estafa y Estelionato», delitos que conllevan una posible condena de hasta 12 años de prisión.

La defensa, liderada por el abogado penalista Jair Gay, impugnó la medida, argumentando que no existen pruebas suficientes contra Castillo y cuestionando la fundamentación de la Fiscalía. A pesar de los esfuerzos de la defensa por obtener la libertad bajo fianza para Castillo y prisión domiciliaria para Miguel, la jueza resolvió mantener la prisión preventiva por los próximos 90 días.

Los acusados permanecerán bajo custodia en la Comisaría Primera durante los primeros 30 días, antes de ser trasladados a una Unidad Penal. Este caso resalta la necesidad de proteger a los adultos mayores de tales engaños y pone de relieve la importancia de una justicia efectiva en situaciones de vulnerabilidad.»

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