Telefónica es condenada a pagar $20 mil millones a usuarios por facturación indebida

La justicia federal ha emitido un fallo histórico a favor de los consumidores, obligando a la empresa Telefónica a desembolsar más de 20.000 millones de pesos a cerca de tres millones de usuarios de todo el país. Este veredicto se deriva del cobro compulsivo de un «derecho a acceder a servicios de valor agregado» conocido como SVA-TB, que la compañía incluyó en las facturas sin el consentimiento de los clientes desde 2014.

La sentencia fue emitida por el Juzgado Federal 2 de La Plata en respuesta a una demanda colectiva presentada por el Centro de Orientación Defensa y Educación del Consumidor (Codec) contra Telefónica de Argentina. Esta resolución declara la nulidad del cobro del Servicio de Valor Agregado de Telefónica Básica (SVA-TB), que se impuso en la facturación sin el consentimiento de los usuarios.

La asociación Codec anunció en un comunicado: «En una condena con pocos precedentes legales, el Juzgado Federal 2 de La Plata ha ordenado a la empresa Telefónica SA pagar más de 20 mil millones de pesos a tres millones de usuarios de todo el país».

Esta sentencia obliga a Telefónica a reembolsar a los consumidores todo lo que se les ha cobrado por este concepto, incluyendo los intereses a la tasa activa, una multa del 25% por facturación indebida y una compensación adicional debido a la gravedad de la conducta de la empresa.

El concepto SVA-TB, según Codec, en realidad no correspondía a ningún servicio concreto, sino que era una suerte de «derecho a acceder a servicios de valor agregado» que se facturaba de manera independiente, sin importar si el cliente contrataba alguno de estos servicios.

De acuerdo a los peritajes en el caso, la empresa siguió cobrando este cargo hasta mediados de 2022 e, incluso, en algunos casos, continúa haciéndolo en la actualidad. El monto total, incluyendo los intereses hasta 2022, asciende a 10.000 millones de pesos, sumando otros 5.000 millones por la multa del 25% sobre el capital cobrado, además de un monto adicional debido al límite legal por daño punitivo.

La denuncia se basa en que la imposición de este cargo viola la Ley de Defensa del Consumidor, la cual prohíbe cualquier propuesta de un bien o servicio que no haya sido previamente solicitado por el consumidor y que genere un cargo automático en cualquier sistema de débito, obligando al consumidor a manifestarse en contra para evitar dicho cargo.

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